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Seis ex concejales de Yopal podrían ir a la cárcel por el delito de constreñimiento ilegal y violencia contra servidor público

Seis ex concejales de Yopal podrían ir a la cárcel por el delito de constreñimiento ilegal y violencia contra servidor público
De 4 a 8 años de prisión podrían pagar los seis ex concejales de Yopal acusados del delito de constreñimiento ilegal y violencia contra servidor público, según el sentido de fallo leído ayer por un Juez de la República, informó el abogado Miguel Cely, apoderado de los también ex concejales Cristóbal Torres y Amparo Sanabria.

Los implicados en el proceso que inició desde el año 2009 son los ex concejales, Oromairo Avella Ballesteros, José Reinaldo Pérez, Rafael Ernesto González Peña, Alejandro Barragán Unda, Germán Orozco Barrera y Rafael Castro Buitrago, quienes en el ejercicio de su cargo habrían intimidado a los Concejales Gladys Amparo Sanabria Gutiérrez y Cristóbal Torres Pérez para que mediante vídeos se auto incriminaran e involucrarán a miembros de la Administración Municipal de la entonces Alcaldesa Lilian Fernanda Salcedo, en una serie de negociaciones indebidas sobre procesos contractuales de la Alcaldía y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, obligándolos a firmar la carta de renuncia y letras de cambio.

“Contra ellos el señor Juez consideró que se reunían los requisitos del artículo 381 de la Ley 906 de 204 y que había mérito para condenar dado que el hecho fue cometido y recae sobre todos los señalados”, dijo el abogado Miguel Cely.

El próximo 12 de diciembre se dará la lectura del fallo por parte del señor Juez quien expondrá el tiempo punitivo.

Según el abogado Cely tanto la Procuraduría como la Fiscalía pidieron que se aplique una condena ejemplar.

Durante el proceso se analizaron pruebas documentales, técnicas, evidencias físicas, pruebas testimoniales que comprometieron a los procesados de los hechos ocurridos en el 2009.

La decisión puede ser apelada informó el mismo apoderado de Cristóbal Torres y Amparo Sanabria.
Los ex concejales se encuentran inhabilitados por 18 años para ejercer funciones de servidor público por parte de la Procuraduría.

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